Una jueza federal ha impedido temporalmente que el gobierno del presidente Donald Trump deporte a niños guatemaltecos, programando una audiencia de emergencia para el domingo por la tarde. La jueza Sparkle Sooknanan del Tribunal de Distrito de EU para el Distrito de Columbia emitió la orden tras una solicitud de emergencia del National Immigration Law Center, que argumentó que el gobierno había violado el debido proceso de los niños y había ignorado las protecciones especiales para menores no acompañados.

La orden judicial prohíbe al gobierno deportar a los niños, a partir de los 10 años, durante 14 días. Sin embargo, a pesar de esta orden, las autoridades de inmigración sacaron a decenas de niños de los refugios durante la noche para preparar su traslado en aviones fletados a Guatemala, según funcionarios familiarizados con la situación. Esta acción desafía la orden de la jueza y subraya la urgencia de la situación.

Esta decisión judicial podría obstaculizar temporalmente los esfuerzos del gobierno federal por devolver a cientos de menores no acompañados guatemaltecos que han estado bajo custodia estadounidense después de cruzar la frontera sur. En respuesta a la orden, los refugios de menores recibieron una carta de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados el domingo por la mañana, afirmando su responsabilidad sobre el cuidado y custodia de los menores y exigiendo el cumplimiento de las directrices de la agencia.

Este es el segundo revés reciente para las políticas de inmigración del presidente Trump. El viernes, otra jueza impidió al gobierno llevar a cabo deportaciones rápidas lejos de la frontera, una política clave de la Casa Blanca. La demanda sobre los niños guatemaltecos surgió después de que el personal de los albergues recibiera notificaciones para preparar a algunos niños para su deportación, y abogados que representan a los menores recibieron avisos similares.

En su demanda de 25 páginas, el National Immigration Law Center calificó las acciones del gobierno de “ilegales e imprudentes”, argumentando que la repatriación violaría la ley federal y la Constitución, ya que los niños tienen casos activos en tribunales de inmigración. La demanda identifica a diez niños por sus iniciales, todos con casos pendientes y con temor de regresar a Guatemala, según el documento.

La iniciativa de repatriar a los niños guatemaltecos cuenta con el respaldo del gobierno de Guatemala, cuyo Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, confirmó la coordinación con Estados Unidos y la expectativa de recibir a más de 600 menores. Los abogados que luchan contra estas expulsiones citan la Ley de Reautorización de la Protección de Víctimas de Tráfico de Personas, que otorga protecciones especiales a los menores no acompañados que buscan refugio en EU, incluyendo la oportunidad de que sus casos sean resueltos en un tribunal.