Podrá recuperar Rocha Moya cobro de pensiones por 1.5 mdp

Tras la resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrá acceder a los fondos correspondientes a sus retiros, los cuales sumaron 1.5 millones de pesos durante 2025 según reportó el Diario Reforma.

Rocha Moya, de 77 años, percibe ingresos por concepto de jubilación e invalidez/cesantía a través del IMSS, el ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). En conjunto, dichos ingresos ascienden a un monto superior al salario que percibió como gobernador estatal en el mismo año, el cual fue de 797 mil 14 pesos.

La medida obedece a una suspensión provisional concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, mediante la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) retiró de forma parcial el bloqueo sobre dos de sus cuentas bancarias. La autoridad determinó que los recursos provenientes del ISSSTE, el IMSS y la UAS están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.

De acuerdo con su declaración patrimonial presentada el 20 de mayo de 2025, Rocha registró ingresos por 760 mil 313 pesos por su pensión de la UAS —institución de la cual fue rector entre 1993 y 1997— y 554 mil 697 pesos por parte del IMSS, acumulando 1.31 millones de pesos por ambos conceptos. La actualización fue realizada tras solicitar licencia al cargo en medio de acusaciones de autoridades estadounidenses.

El 29 de abril anterior, autoridades de Estados Unidos señalaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con miembros del Cártel de Sinaloa. Tras estas declaraciones, el exmandatario solicitó licencia el 1 de mayo, fecha posterior a la cual sus cuentas fueron congeladas por la UIF. La Secretaría de Hacienda precisó que la reciente resolución no implica el descongelamiento total de sus activos.

En contraste con el caso del exmandatario morenista, el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, enfrenta un procedimiento judicial sujeto a prisión domiciliaria como medida cautelar, derivado de su presunta implicación en delitos fiscales. Por determinación de la UIF, sus cuentas bancarias permanecen congeladas. En este contexto, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) requirió el pago de una garantía económica para la continuidad del proceso, el juez de la causa rechazó señalar dicha suma al considerar el bloqueo financiero que padece el procesado.