CHIAPAS. Cerca de 350 familias del municipio de Suchiate se encuentran en riesgo de quedar incomunicadas debido al deterioro del camino rural que conecta con el ejido 15 de Abril, afectado por los trabajos de construcción de la Línea K del Tren Interoceánico, a cargo del Grupo Ferroviario del Sureste.
Los habitantes de comunidades como 15 de Abril, 15 de Septiembre, Los López y la ranchería Tres Hermanos, denunciaron que, desde hace más de un año, cuando comenzaron las obras ferroviarias, el tramo carretero de 4.5 kilómetros ha sido dañado sin que se cumplan las promesas de rehabilitación.
“El camino se ha descompuesto por completo y, pese a los convenios con la empresa, las promesas de reparación no se han cumplido”, expresó Luis Alberto Escobar Rosales, vecino de Tres Hermanos.
Según los comuneros, en julio de 2024, representantes de la empresa —entre ellos la licenciada Karla Archila— se comprometieron a reparar el acceso. Sin embargo, hasta la fecha no han iniciado los trabajos. En noviembre, una asociación civil realizó una intervención parcial, rehabilitando únicamente dos kilómetros, mientras el resto del tramo continúa en abandono.
Durante la temporada de lluvias, las condiciones del camino empeoran severamente, llegando a acumular hasta 70 centímetros de lodo, lo que impide el paso de vehículos y dificulta el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios médicos y el traslado escolar.
Las comunidades afectadas subsisten principalmente de la producción de maíz, soya y plátano, cultivos que no pueden sacar al mercado debido al mal estado del camino.
Ante esta situación, los pobladores han solicitado la intervención urgente del gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo una auditoría sobre los recursos invertidos en la obra y la pronta rehabilitación de los caminos rurales que han sido utilizados y dañados por la maquinaria de la constructora.
Asimismo, hicieron un llamado directo al personal de la Secretaría de Marina, encargada del proyecto, advirtiendo que, de no recibir una respuesta inmediata, las comunidades afectadas detendrán los trabajos de construcción como medida de protesta.
La situación refleja una creciente tensión entre el desarrollo de obras federales estratégicas y las necesidades básicas de las comunidades rurales impactadas por su ejecución.