QUINTANA ROO. La mañana de este viernes, fuerzas del orden tomaron las instalaciones de Expo Maya, un terreno en litigio entre Ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se disputan la propiedad de un predio de varias hectáreas en pleno centro de la cabecera municipal y fue asegurado por la Fiscalía General del Estado.
Un contingente de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, llevó a cabo un operativo en el sitio conocido como Expo Maya.
Los elementos de la FGE colocaron sellos y lonas para resguardar el lugar, impidiendo el acceso a cualquier persona mientras se lleva a cabo el proceso judicial que busca determinar al legítimo propietario de los terrenos en disputa.
En el lugar había un grupo de integrantes del Ejido Felipe Carrillo Puerto, quienes desde hace varios días se mantenían cuidando el espacio, con la intención de evitar que la Sedena inicie trabajos de construcción.
Este conflicto, que involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se remonta a una donación realizada hace aproximadamente 50 años, cuando el gobierno federal recibió el predio de forma gratuita para establecer un cuartel militar.
Desde entonces, esta manzana completa ha albergado, además de instalaciones militares, oficinas municipales, el DIF estatal y el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), consolidándose como un espacio de servicios para la comunidad.
La escritura, registrada bajo el número 83 en las fojas 132-137 del tomo LI, sección I, del 8 de septiembre de 1987, indica que el terreno fue expropiado al ejido por la extinta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y posteriormente transferido a la Sedena.
Esta documentación, que describe al Ejército Mexicano como el legítimo propietario, es ahora el foco del juicio de nulidad que los ejidatarios impulsan para anular el título de propiedad en favor de la defensa de sus derechos territoriales.
Ante esta situación, los ejidatarios permanecen resguardando el terreno, demandando una revisión exhaustiva de la documentación para comprobar la legalidad de la transferencia.
La falta de acuerdos y el bloqueo de las obras reflejan la tensión que ha alcanzado este conflicto, con implicaciones tanto legales como sociales en una zona de gran relevancia para el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
