Villahermosa, Tabasco.- La cancelación de la Caravana Navideña Coca-Cola en Villahermosa, anunciada este domingo por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco, ha puesto en evidencia una notable incongruencia en la postura del gobierno estatal respecto a las políticas de salud pública y la promoción de bebidas azucaradas, particularmente en contraste con las directrices federales.

La dependencia estatal justificó la suspensión del evento, programado para el 26 de noviembre, citando una "recomendación de la autoridad Federal en materia de salud". Esta acción se produjo pocos días después de que la organización El Poder del Consumidor (EPC) presentara una denuncia formal ante la Cofepris el 19 de noviembre, solicitando la cancelación de estas caravanas por posibles violaciones al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, dada la promoción de productos ultraprocesados y azucarados a la población infantil.

Si bien la Secretaría de Turismo agradeció a Coca-Cola Femsa por su "disposición", el acatamiento a la "recomendación" federal y la consecuente suspensión se perciben como un reconocimiento tácito a los argumentos de salud pública que cuestionan la promoción masiva de estos productos, alineándose —al menos superficialmente— con la política federal de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas para combatir la obesidad y la diabetes.

Sin embargo, en el mismo comunicado, la Secretaría de Turismo de Tabasco anunció que el 14 de diciembre se llevará a cabo la "Caravana Navideña del Gobierno del Estado", con la participación de escuelas, organizaciones y diferentes sectores de la comunidad.

Esta dualidad genera una crítica inmediata: si el gobierno estatal actúa en estricto cumplimiento de la regulación sanitaria federal para cancelar un evento de Coca-Cola por implicaciones en la salud, ¿cómo justifica la promoción de su propia caravana navideña?

El punto de tensión radica en el análisis fallido de la postura integral del gobierno local. La decisión de cancelar la caravana de la refresquera puede interpretarse como un gesto de cumplimiento hacia la regulación federal en publicidad, pero el anuncio inmediato de un evento masivo propio, con participación comunitaria y escolar, sin especificar la naturaleza de los patrocinadores o los productos a promocionar, abre la puerta a la misma crítica de fondo. La incongruencia sugiere que el problema no es la naturaleza masiva del evento navideño, sino la marca que lo patrocina.

Si la preocupación federal se centra en limitar la publicidad de bebidas azucaradas para proteger la salud, la respuesta de Tabasco debería ser una política integral y coherente. La cancelación de un evento por recomendación sanitaria, mientras se promueve otro de características similares, pone en duda el compromiso real del gobierno de Tabasco con la salud pública y evidencia una falta de análisis crítico sobre cómo los eventos recreativos pueden ser vehículos para la promoción de estilos de vida saludables, más allá de quién sea el patrocinador. El contraste subraya una debilidad en la coordinación de políticas de salud entre el nivel federal y el estatal, y una oportunidad perdida para que Tabasco demuestre un compromiso firme y sin medias tintas con el bienestar de sus ciudadanos.