TABASCO. El dirigente estatal del PRD Tabasco, Rafael Acosta León, anunció que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió a favor de su partido el expediente SX-JG-93/2025, determinando que los denominados “Informes al Pueblo” que el gobernador Javier May Rodríguez ha realizado cada tres meses con recursos públicos son ilegales y violatorios de la Constitución.

“Esta resolución es un triunfo contundente para la legalidad, la democracia y para quienes hemos denunciado con firmeza los abusos del poder en Tabasco”, expresó Acosta León, al señalar que esta práctica representa propaganda disfrazada financiada con dinero público, fuera del marco legal y con fines evidentemente políticos.

La Sala Xalapa dio la razón al PRD en cuatro puntos clave. Primero, reconoció que los hechos denunciados sí constituían propaganda gubernamental y que, al realizarse fuera del marco constitucional, violaban el artículo 134 de la Constitución, el cual permite difundir informes únicamente una vez al año, por un periodo acotado. Todo lo demás, recalca la sentencia, es ilegal.

Segundo, se evidenció la omisión y negligencia del IEPCT y del Tribunal Electoral de Tabasco, que se limitaron a analizar si existía o no promoción personalizada, ignorando el contenido, el formato y el contexto del mensaje. “Eso fue exactamente lo que ocurrió”, afirmó Acosta León.

Tercero, la resolución desmintió que la transmisión del informe en redes y medios públicos estuviera protegida por la “presunción de licitud periodística”. La Sala fue enfática: no fue periodismo, fue propaganda pagada con recursos públicos para beneficiar al gobernador.

El cuarto punto destaca que las autoridades locales omitieron investigar el uso indebido de recursos del erario. Aunque el tribunal local desestimó una promoción personalizada, dejó de analizar el despliegue de personal, infraestructura y financiamiento usado para la difusión del evento, lo que constituye una violación a los principios de equidad electoral.

“La justicia tuvo que venir de fuera, porque en Tabasco las instituciones están secuestradas por Morena”, aseveró Acosta León, quien aprovechó para cuestionar duramente al presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Oswald Lara Borges, de quien dijo “no imparte justicia, sino que protege al gobernador” y que su nombramiento fue hecho “a la medida para garantizar impunidad”.

Con esta resolución, la Sala ordenó al Consejo Estatal del IEPCT emitir una nueva resolución en un plazo no mayor a 10 días hábiles, debidamente fundada, en la que determine si los hechos denunciados constituyen infracciones por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y propaganda ilegal.

“La determinación debe considerar el contenido, forma, contexto y medios de difusión del informe”, puntualizó Acosta León, y lanzó un mensaje directo a los consejeros del IEPCT: “Que no les tiemble la mano. Que no le tengan miedo al Gobierno del Estado. Que asuman su responsabilidad con el pueblo, con la legalidad y con la democracia”.

Además, Acosta León señaló que mientras el Gobierno de Tabasco insiste en maquillar su imagen con propaganda, los problemas de fondo siguen sin atenderse.

Denunció que el gobierno estatal manipula las cifras de percepción de inseguridad, asegurando que, contrario a lo que se presume en las encuestas oficiales, la percepción ciudadana ha empeorado: “Hace un año era del 75%, y hoy en 2025 subió a 83%”.