TABASCO. Este sábado el abogado Alex Córdoba Beltrán, representante legal de Torres Hernández, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra del juez en materia penal Gilberto Jiménez Correa y el magistrado administrativo Samuel Ramos Torres, por prácticas indebidas en procedimientos judiciales, por un caso de paternidad subrogada. 

Acusó a “Gilberto Jiménez Correa, el magistrado especializado en esta región, de nombre Samuel Ramos Torres, quien mandó reparar, señalándoles que dictaran un nuevo momento procesal a partir de la vinculación a proceso para los de nombres Laura “N” y Rodolfo “N”, quienes son los investigados dentro de la carpeta por el delito de supresión del Estado Civil, y estamos en vías de cumplimiento de la ejecutoria de dicho amparo para efectos”.

Explicó que el caso, “es el número 313 de 2023, el cual se encuentra a disposición de todos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación en todo el país.

El abogado defensor dijo que por el momento se desconoce el estatus del menor, “mi cliente desconoce dónde se encuentra, en qué condiciones se encuentra, si vive, si está bien, cómo está de salud, su alimentación. Toda vez que, como dije, se encuentra radicado el expediente primigenio de nulidad de acta de nacimiento y reconocimiento de paternidad en el municipio de Nacajuca, bajo el número de expediente 456 del 21".

Agregó que nunca han presentado al menor en diligencias como lo es toma de muestra genética, diligencia de escucha y a la vez han defendido mediante una asociación civil de nombre JIRE que se ubica en la Ciudad de México, oponiendo recursos frívolos y procedentes sistemáticamente para efectos de entorpecer la impartición de justicia que le atañe al menor, al auspicio de estas personas que delinquiendo y contrario a la ley se encuentran ocultándolo en el municipio de Nacajuca.

Lo único que han hecho dijo, es enredar jurídicamente el caso, “Hacemos súplicas para que la autoridad atienda este ruego de impartición de justicia, así mismo se generen condiciones de contacto en el centro de convivencia porque no lo han llevado en ocasiones de las 30 visitas que van a la fecha, de que fueron concedidas y han asistido ellos solamente en tres ocasiones cuando mi representado ha tenido causas de fuerza mayor e imposibilidad de comparecer, no sé si cuentan con auxilio administrativo, auxilio judicial, pero coincidentemente cuando él no viene, ellos están, es muy misterioso eso”, remarcó.

En el caso del magistrado Samuel Ramos, se le imputa no haber aplicado criterios legales reformados antes de la ejecución de un procedimiento.

Por su parte, el juez penal Gilberto Jiménez es acusado de una mala integración de criterios en una sentencia emitida el pasado 24 de abril de 2025.

Ambos funcionarios judiciales son señalados por prácticas indebidas en procedimientos judiciales, en el marco de un controvertido caso de paternidad subrogada.

La acusación surge a raíz de un proceso en el que una mujer, identificada como Laura “N”, presuntamente se ha negado a entregar un menor producto de un contrato de gestación subrogada con Eduardo Torres Hernández.