Ciudad de México.- Rebasados por la inconformidad social que este jueves le volvió a estallar en gira por Veracruz en contra de la gobernadora Rocío Nahle García a quien le gritaron, abuchearon, acusaron y la señalaron de ser omisa para atender la tragedia que ya alcanzó los 80 muertos en 5 estados, la Presidente Claudia Sheinbaum retomó en su conferencia mañanera de este viernes, los fraudes que acusó, se cometieron en administraciones pasadas en la operación del Fondo de Desastres Naturales  antes de la llegada de Morena en 2018 con el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuyo movimiento decretó la desaparición del mecanismo.

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno reveló un panorama de irregularidades y desvíos de recursos en el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN), una entidad que, dijo, desde su creación en 1996, se convirtió en un mecanismo burocrático y opaco, lo que finalmente condujo a su desaparición en 2021. La funcionaria detalló que, aunque el FONDEN fue diseñado para apoyar a estados y municipios ante emergencias naturales, acumuló retrasos en la entrega de recursos, sobreejercicios y múltiples actos de corrupción.

Entre los casos más destacados detalló se encuentra el de Veracruz, donde durante el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno estatal no utilizó 531.7 millones de pesos de los 7 mil 411 millones asignados. En Tabasco, el entonces gobernador Andrés Granier Melo (2007-2012) afirmó, desvió 215.5 millones de pesos del FONDEN para cubrir el déficit financiero estatal, en lugar de destinarlos a la población afectada por inundaciones, detectándose triangulación de recursos para pagar gastos no relacionados con desastres como telefonía y limpieza.

Buenrostro explicó que el FONDEN tardaba hasta 120 días en hacer llegar los recursos a las entidades afectadas, y los trámites administrativos para la declaratoria de desastre y autorización de fondos podían extenderse hasta 42 días hábiles. Un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación de 2017 calificó al FONDEN como ineficaz, ineficiente, con altos costos, más reactivo que preventivo, con exceso de burocracia, falta de coordinación y opacidad.

La secretaria también hizo hincapié en el incremento atípico del presupuesto del FONDEN en 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto, alcanzando los 59 mil 606 millones de pesos. Ese año electoral, 46 de 57 declaratorias extraordinarias fueron por olas de calor, concentrando 427 millones de pesos y sugiriendo un posible uso político del fondo.

Las irregularidades se extendieron por varios sexenios. Durante el gobierno de Vicente Fox, se detectaron desvíos de recursos a través de compras "por causas de fuerza mayor" y entregas a estados sin desastres, así como compras a sobreprecio de hasta 375% en medicamentos. En el sexenio de Felipe Calderón, además de los casos de Veracruz y Tabasco, se evidenciaron irregularidades en las inundaciones de 2010.

Bajo la administración de Enrique Peña Nieto, además de las declaratorias por calor, se encontraron anomalías en los huracanes Ingrid y Manuel (2013), con retrasos de hasta 119 días en el inicio de obras y sobreejercicios de la Sedatu. En los sismos de 2017, la Sedatu registró entre 168 mil y 172 mil viviendas afectadas, pero sólo supervisó el 35%, con pagos irregulares por remoción de escombros, honorarios sin justificación y supervisión. También se detectaron donaciones privadas por más de 5 mil millones de pesos, cuyo manejo nunca se transparentó.

Finalmente, la secretaria informó que el gobierno de México busca recuperar 41.1 millones de dólares pagados a la empresa inglesa Viva Enterprise Ltd por la adquisición de 1,000 ventiladores, de los cuales solo se entregaron 350. El Insabi presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y considera que México tiene altas probabilidades de ganar la demanda por el incumplimiento del contrato. Respecto a los ventiladores Phillips con defectos, Buenrostro aseguró que ya fueron retirados por la empresa. El actual modelo de atención a emergencias, defendió la funcionaria, busca evitar intermediarios y corrupción, privilegiando la entrega directa de apoyos a la población y reduciendo los tiempos de respuesta.