Tabasco.- Pese a la negativa de la bancada del PRD, se aprobó con 25 a favor y 5 en contra la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tabasco. La diputada Vianey Sánchez Velázquez aseguró que esta adición busca eliminar el modelo presidencialista y que pase a ser colegiado y autónomo.

El 17 de diciembre de 2025 el diputado Salomé Izquierdo Mena de la fracción parlamentaria de Morena propuso reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones con el objeto de armonizarla con las normativas federales.

Por su parte el diputado perredista Nelson Humberto Gallegos Vaca expuso que dicha adición a la ley propicia falta de transparencia y abusos, “¿Quién garantiza que el manejo de millones de pesos del presupuesto judicial no se use para fines partidistas o discrecionales?, ¿Dónde están los mecanismos independientes y auditorías externa hoy que se habla mucho de la transparencia?”, expresó el legislador.

Por su parte la diputada Vianey Sánchez Velázquez argumentó que “No se trata de algo meramente estructural sino de un ajuste de fondo institucional que transforma el Poder Judicial de Tabasco en un sistema mejor equilibrado, más transparente, ´técnico y especializado, y sobre todo, que da más confianza a la ciudadanía”.

De acuerdo a la lectura de la reforma de la diputada, esta reforma permitirá reconfigurar la estructura orgánica, administrativa y de control del Poder Judicial del estado de Tabasco con la finalidad de generar la separación entre funciones jurisdiccionales y administrativas, la reconfiguración de los órganos del Poder Judicial, se redefine la estructura básica del poder judicial del estado al separar orgánicamente al Tribunal Superior de Justicia como ente estrictamente jurisdiccional, al Tribunal de Disciplina Judicial como órgano autónomo de control y al órgano de administración judicial como ente exclusivo de gestión administrativa.

Finalmente, subrayó que la mencionada reforma generará la desconcentración de funciones de la presidencia y se suprimirán las facultades administrativas presupuestales y financieras de la presidencia del Tribunal Superior de justicia.

Aún con estas líneas aclaratorias la diputada perredista Claudia Gómez Gómez subió al estrado para reiterar la inconformidad de la bancada en la premura de la aprobación de la reforma, “esta reserva no busca proteger a nadie ni evadir responsabilidades, la experiencia demuestra que cuando los órganos disciplinarios carecen de pluralidad y transparencia terminan castigando la independencia en vez de sancionar la corrupción”, finalizó.