Villahermosa, Tabasco.- La crisis de salud que prometía mejorar con la llegada de la administración actual, tanto a nivel estatal con el gobernador Javier May Rodríguez como a nivel federal con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, muestra una fisura alarmante en Tabasco. Pacientes con insuficiencia renal crónica que dependen del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" están siendo expuestos a un riesgo mortal debido a la pésima planeación administrativa y el incumplimiento de contratos con proveedores esenciales para el servicio de hemodiálisis.
La denuncia es grave de acuerdo a pacientes que pidieron el anonimato por temor a represalias: el hospital los ha dejado sin máquinas de hemodiálisis y sin los insumos vitales para la diálisis peritoneal. Según testimonios recabados, la situación se agudizó entre agosto y septiembre. Primero, se retiraron las "aguas para hemodiálisis" de la marca Baxter, insumo crucial para el procedimiento. A los pacientes se les informó de la suspensión del servicio con la excusa de un cambio de proveedor.
El problema escaló cuando, bajo el argumento del cambio de proveedor, el hospital solicitó la devolución de las máquinas de hemodiálisis que se utilizaban para los procedimientos. Estos equipos eran parte de un contrato de comodato con la empresa SERVICIOS Y CALIDAD EXPRESS SA DE CV, el cual, al parecer, se venció o fue incumplido por falta de pago por parte del hospital. La empresa, ante el impago, se vio obligada a retirar los equipos.
Esta acción, sin la debida anticipación ni un plan de contingencia claro, pone en jaque la vida de decenas de pacientes que necesitan estos procedimientos para sobrevivir. La falta de previsión y la burocracia administrativa están teniendo un costo humano directo. Mientras los funcionarios estatales y federales insisten en un discurso de mejoramiento del sistema de salud, la realidad en hospitales como el Juan Graham revela una gestión negligente que prioriza trámites sobre la vida de los ciudadanos.
Uno de los afectados, reveló que el hospital les retiró las aguas de diálisis de 6 litros y posteriormente les pidió las máquinas. "Cambiaron de proveedor sin importarles ni anticiparles a los pacientes este movimiento que repercutirá en su salud", lamentó.
Esta situación no es solo un error logístico; es un reflejo de la mala planeación y de la falta de sensibilidad de una administración que está fallando en garantizar el derecho humano a la salud. La promesa de mejorar los servicios de salud, una bandera central de los discursos políticos, se desmorona ante la urgencia de pacientes renales que ahora enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo recibirán su próximo tratamiento vital. La vida de estos pacientes está hoy en manos de una administración que parece incapaz de gestionar de manera oportuna y responsable los recursos y contratos esenciales.








