Mérida, Yucatán.- Indignación social y polémica judicial rodean el caso de Sicilia, una perrita de raza pastor ganadero australiano que lucha por su vida tras ser atacada con un disparo de perdigón en la cabeza el pasado 12 de octubre. El presunto agresor, Ferdinando L.E., presidente de la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo, fue puesto en libertad horas después de su detención, una decisión que ha desatado la furia de colectivos animalistas.
Sicilia se encuentra en estado delicado, bajo cuidados intensivos, luego de que un proyectil impactara directamente en su cráneo. Los reportes forenses fueron claros: se trató de un disparo certero y a corta distancia, descartando la versión de un accidente. El brutal ataque ocurrió dentro de una vivienda en la colonia Plan de Ayala Norte, donde Ferdinando L.E. la tenía bajo su cuidado temporal. Vecinos aseguraron haber escuchado detonaciones seguidas de "quejidos desgarradores".
La controversia escaló cuando la jueza Mary Isabel Mex Tzab autorizó la liberación provisional del acusado, argumentando que el delito de crueldad animal agravada, tipificado en el Código Penal de Yucatán, no está clasificado como grave y, por lo tanto, no amerita prisión preventiva oficiosa. Esta decisión se dio a pesar de que la Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación robusta, con el cateo de la propiedad, aseguramiento del arma, videos de seguridad y testimonios.
CRUELDAD ANIMAL EN ALZA:
El caso de Sicilia no es un hecho aislado. La liberación del acusado se produce en un contexto alarmante de maltrato animal en Yucatán. Las estadísticas oficiales revelan un incremento del 60 por ciento en denuncias: de 500 casos registrados en todo 2024, la cifra escaló a más de 850 en tan solo los primeros ocho meses del 2025. A pesar de este incremento brutal, menos del 2% de los casos concluye en sentencias condenatorias.
Ante la impunidad percibida, colectivos animalistas convocaron a una manifestación frente al Palacio de Gobierno exigiendo justicia para Sicilia y una revisión a la legislación para que los delitos de crueldad animal sean considerados graves y ameriten prisión preventiva.
Mientras el proceso legal avanza lentamente—y el acusado goza de libertad—, el dueño de la perrita, Jorge Medina, se deslindó públicamente del ataque y exige la aplicación total de la ley, mientras supervisa la atención médica permanente que recibe Sicilia.
La Fiscalía continúa la investigación, pero la indignación crece ante la facilidad con la que un agresor confeso de crueldad extrema puede evadir la cárcel en la entidad.
