Cárdenas, Tabasco. La celebración de la posada navideña del Ayuntamiento de Cárdenas, encabezado por el alcalde Euclides Alejandro Alejandro, se convirtió en un foco de controversia tras la ostentosa rifa de cuatro vehículos de la marca Jeep entre los trabajadores, un "premio" cuyo valor estimado supera los 4.6 millones de pesos. Este dispendioso gesto no solo genera serias dudas sobre el origen y la justificación de los recursos públicos destinados a festejos, sino que contrasta drásticamente con el discurso de austeridad promovido por el partido Morena.

La entrega de automóviles, cuyo costo de mantenimiento y combustible es inasequible para el salario promedio municipal (estimado entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales), levanta suspicacias. Más allá del aplauso momentáneo, la especulación se centra en la procedencia del millonario monto: ¿provino directamente de las arcas municipales, contraviniendo el principio de gasto responsable, o fue una "donación" de proveedores? Esta última opción abre un cuestionamiento ético sobre posibles favores o compromisos a cambio de la dadivosidad, un escenario delicado para cualquier administración.

La polémica se intensifica al considerar el contexto financiero del municipio. Este derroche de recursos para la posada choca de frente con la reciente aprobación de un aumento de más del 100% en las multas de tránsito para 2026, buscando elevar los ingresos municipales de 3 a 7 millones de pesos.

Aunque el alcalde Euclides Alejandro ha defendido el alza argumentando que no será una "cacería" y que el objetivo es disuadir la conducción alcoholizada y los daños, la ciudadanía percibe la medida como excesiva. El contraste es inevitable: mientras el ayuntamiento gasta millones en regalos de lujo, se presiona el bolsillo del ciudadano con tarifas elevadas para infracciones, creando un clima de descontento.

La administración de Cárdenas se encuentra ahora bajo el escrutinio público: ¿Es esta opulencia un verdadero reconocimiento laboral o un derroche institucional que desvía la atención de las necesidades sociales urgentes del municipio, y que además se financia (o se justifica) con un aumento en las multas a los ciudadanos que dice proteger? El evento, que buscaba celebrar, ha terminado por exponer las prioridades de gasto y la contradicción entre el discurso político y la realidad fiscal del gobierno local.