La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, encabezada por Rafael Acosta León, calificó como improcedente y extemporánea la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de reactivar procesos administrativos y penales contra el exgobernador Arturo Núñez Jiménez por supuestos desfalcos.

"Hay temas más importantes en Tabasco que revivir las cuentas públicas del ex gobernador Arturo Nuñez Jiménez", respondió a la propuesta del PRI de "enjuiciar de nueva cuenta" al ex mandatario estatal quien ganó la gubernatura bajo las siglas del PRD.

Argumento de prescripción y crítica a la fiscalización pasada

Acosta León utilizó la analogía: "Un perro muerto no se patea porque apesta" para subrayar la inutilidad de perseguir judicialmente un periodo cuyas responsabilidades legales ya prescribieron. El líder perredista argumentó que la ley fija un plazo de cinco años para fincar responsabilidades, lapso que ha sido ampliamente superado, ya que han transcurrido cerca de ocho años desde el cierre de la administración de Núñez.

En este contexto, el PRD cuestionó la inacción de las autoridades fiscalizadoras, incluido el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), durante el sexenio anterior (periodo López-Merino), señalando que fue entonces cuando debieron investigarse y sancionarse las irregularidades.

Llamado a fiscalizar al gobierno actual

Para el PRD, la oposición no debe enfocarse en "casos juzgados", sino en la vigilancia de la gestión actual. Acosta León exhortó a auditar a los gobiernos recientes de Morena, a los que acusó de haber provocado un deterioro económico y social superior al de administraciones pasadas. Instó a que las auditorías y la exigencia de transparencia se dirijan a la función pública en turno, demandando que el OSFE realice inspecciones a fondo.

Denuncian obstaculización y cuestionan mitin de Morena

En otro punto, durante la toma de protesta de sus estructuras internas, la dirigencia perredista denunció públicamente una serie de maniobras destinadas a obstaculizar la movilidad de sus militantes. Rafael Acosta León detalló que se detectaron presiones a transportistas para negar el servicio a los simpatizantes del PRD, lo que provocó la cancelación de autobuses ya contratados, obligando a la estructura a usar vehículos particulares y vans para garantizar la asistencia a la ceremonia donde se formalizaron 1,180 Comités de Base.

Paralelamente, el PRD realizó un balance crítico sobre la reciente concentración de Morena en respaldo a la figura presidencial. Según sus estimaciones, el evento oficialista no logró convocar a las 20 mil personas esperadas, calculando una asistencia real que no superó los 3 mil asistentes.

La dirigencia perredista calificó el mitin como un revés político para Morena, argumentando que, pese a una presunta inversión millonaria —estimada en 50 millones de pesos para la renta de 400 autobuses—, las unidades arribaron con baja ocupación. Finalmente, acusaron que la asistencia estuvo condicionada por la obligatoriedad de funcionarios de confianza y beneficiarios de programas sociales como Sembrando Vida, sugiriendo un desgaste en la credibilidad del partido en el poder.