Los gobiernos de Chiapas y Tabasco, ante la creciente crisis de inseguridad, implementaron fuerzas especiales como la Fuerza Reacción Inmediata Pakal y la FIRT Olmeca, con la promesa de combatir eficazmente la delincuencia. Sin embargo, en un corto periodo de operación, estas unidades de "élite" han sido blanco de numerosas denuncias por extralimitación de sus funciones y graves violaciones a los derechos humanos, sembrando dudas sobre su verdadera efectividad y el respeto a la legalidad.
En Chiapas, el Grupo Pakal, creado para hacer frente a la violencia de los cárteles, ha acumulado un historial preocupante. Un elemento renunció denunciando abuso de poder y un video que se hizo viral mostró la tortura de un indígena. Las autoridades chiapanecas incluso han abierto una investigación por presuntos actos de corrupción y colusión con el crimen organizado dentro de esta unidad, luego de que un agente activo divulgara un video acusando a comandantes de abusos, fabricación de delitos y protección a miembros vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
La improvisación en la creación del Grupo Pakal parece ser la raíz del problema. Conformado con policías que no contaban con el entrenamiento suficiente y muchos sin cumplir los filtros de control de confianza, esta unidad ha generado más problemas que soluciones. Entre los hechos más vergonzosos se encuentran la persecución ilegal de criminales hasta Guatemala, resultando en la muerte de cuatro personas en territorio extranjero y una crisis diplomática, así como la detención y tortura pública de una persona indígena. Además, abundan en internet denuncias de robos, amenazas, uso excesivo de la fuerza y extorsiones por parte de sus integrantes.
Tabasco no ha sido la excepción a los abusos por parte de sus fuerzas especiales. La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en un reciente operativo en una ranchería, irrumpió sin orden de cateo en la vivienda de una familia. Los agentes golpearon a los hijos, incluyendo a una mujer embarazada a la que intentaron obligar a revelar el paradero de una persona. Además, se registraron destrozos en el hogar y acusaciones de robo de dinero en efectivo.
La narrativa de "élite" y "último recurso" que rodea a estos cuerpos especiales, replicada en otros estados del país como Tamaulipas o Zacatecas, ha demostrado ser insuficiente para garantizar el respeto a los derechos humanos y la legalidad. A pesar de los aumentos salariales destinados a "moralizar" al personal y las cifras oficiales que presumen la disminución de delitos, la realidad sobre el terreno es otra, con la población experimentando miedo y desconfianza.
La población en Chiapas reconoce que los Pakales han contenido a los cárteles en ciertos puntos, pero la pregunta persiste: ¿quién controla a los controladores? La delgada línea entre esperanza y desconfianza es evidente, especialmente en un estado con una larga historia de represión social. Las comunidades indígenas, en particular, han denunciado graves violaciones a sus derechos por parte de operativos policiales y militares, y existen señalamientos de colusión de los mandos de la FRIP con la delincuencia organizada.
El futuro del Grupo Pakal y de la FIRT Olmeca pende de un hilo. Se vislumbran dos caminos: su eliminación, debido a que generan más problemas de los que resuelven, o una depuración profunda de los elementos nocivos, seguida de una capacitación rigurosa que ajuste su actuar a la ley, los derechos humanos y los protocolos de uso de la fuerza. La impunidad ante los abusos debe ser castigada para que la confianza ciudadana pueda, algún día, ser restaurada.
