Rechaza México informe de ONU por desaparecidos

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó categóricamente el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que sugiere que dicho delito ha escalado a niveles de crímenes de lesa humanidad en el país. La Cancillería tachó el informe de tendencioso, argumentando que no se consideraron las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal.

La SRE señaló que las conclusiones del Comité no concuerdan con la definición propia de desaparición forzada del Gobierno ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025. Lamentó la omisión de los esfuerzos institucionales y el rechazo a estudiar la información actualizada. Destacó, además, que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 que "no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión", lo que, a juicio del Gobierno, refleja una situación actual distinta a la de periodos anteriores.

El Gobierno criticó la "falta de rigor jurídico" y la "ligereza de sus premisas" en la argumentación del Comité, incluyendo su interpretación del Estatuto de Roma. Adicionalmente, denunció posibles conflictos de interés, mencionando que "existe evidencia de que al menos uno de sus integrantes trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano".

Se resaltaron las reformas sustanciales a la ley aprobadas en julio de 2025, resultado de un proceso de diálogo y participación de las familias, afirmando que el Comité no consideró debidamente estas nuevas herramientas.

Finalmente, el Gobierno de México reafirmó su política de cooperación con los sistemas internacionales y regionales, insistiendo en que está "abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual". Reiteró su "compromiso absoluto" con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia.