CHIAPAS. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la entidad, dio a conocer, aunque no existe una cifra concreta de denuncias por trata de personas, el gobierno federal ha señalado al Estado como un punto crucial, debido a su ubicación fronteriza, que lo convierte en un corredor de alto riesgo para este delito.

Según las estadísticas son preocupantes: desde enero de 2015 hasta noviembre de 2024, se han registrado dos mil 770 víctimas de trata de personas de cero a 17 años. Sin embargo, la magnitud real del problema podría ser mucho mayor.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 estimó que, en 2023, sólo el 6.8 por ciento de los delitos en Chiapas fueron denunciados, lo que sugiere una alta cifra negra en los casos de trata.

Frente a esta cruda realidad, la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana recalcó que la trata de personas atenta directamente “contra la libertad, la dignidad y la integridad de las personas”.

Por su parte el grupo, que forma parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), enfatizó que es inaceptable normalizar las acciones de las organizaciones criminales que “reclutan personas o las desaparecen; que las secuestran para extraer sus órganos y venderlos. Que abusan de ellas y las explotan sexualmente. Que las discriminen y las obliguen a trabajar jornadas excesivas”.

Por ello, los obispos católicos han exhortado particularmente a los habitantes de los estados fronterizos, como Chiapas, a que brinden acompañamiento y orientación a las personas vulnerables. El objetivo es claro: evitar que “nadie sea engañado ni enganchado hasta convertirse en víctima de la trata”.