QUINTANA ROO. El magistrado adscrito a la novena Sala Especializada en materia penal del Poder Judicial del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal, revocó la condena de 25 años que le habían sido impuestas a Carlos Alberto “N” en abril de 2024 por un Tribunal de Juicio Oral en Playa del Carmen.

Carlos Alberto “N”, exguardia de seguridad del hotel Hard Rock en Puerto Aventuras, recuperó su libertad tras pasar cinco años en prisión, luego de que un tribunal determinara que no existían pruebas suficientes para sostener su culpabilidad en el feminicidio de Ana, joven cocinera originaria de Chiapas, ocurrido en diciembre de 2020.

La Novena Sala Especializada en Materia Penal de Quintana Roo revocó la condena de 25 años que le había sido impuesta en abril de 2024 por un Tribunal de Juicio Oral en Playa del Carmen. En su resolución, vinculada al toca penal 76/2025 y al expediente 42/2022, los magistrados señalaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó evidencia sólida para demostrar su responsabilidad en el caso.

La desaparición y hallazgo sin vida de Ana, el 28 de diciembre de 2020 en las inmediaciones del complejo turístico, desató protestas de colectivos feministas y una intensa presión social para que hubiera una detención inmediata. Días después, la FGE presentó a Carlos Alberto “N” como presunto responsable, aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones que lo señalaban como un “chivo expiatorio”, detenido con base en indicios endebles.

Durante el juicio, la defensa denunció irregularidades en la integración de la carpeta de investigación y la ausencia de pruebas concluyentes, mientras la Fiscalía sostenía que existían elementos suficientes para inculparlo. Finalmente, la revisión en segunda instancia determinó que no había sustento jurídico para mantenerlo tras las rejas.

Con su liberación, el caso deja abiertas preguntas clave: si el exguardia no fue el responsable, ¿quién mató a Ana?, y ¿hasta qué punto la presión social influye en la impartición de justicia en México?

Hasta el momento, la FGE no ha informado si interpondrá un amparo para revertir la absolución. El expediente permanece como un ejemplo de cómo la prisa política y la indignación colectiva pueden marcar el rumbo de un proceso judicial.