TABASCO. Tras las declaraciones del gobernador Javier May Rodríguez sobre el uso de algunas dependencias como “pequeñas cajas chicas” en administraciones pasadas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jorge Bracamonte Hernández, respaldó la intención del Ejecutivo de poner orden en las instituciones y advirtió que desde el Congreso del Estado, se impulsarán reformas para endurecer las sanciones por corrupción en la función pública.

Aunque en el pasado reciente él mismo fue señalado por ejercicio indebido de la función pública, al atribuírsele el despojo de empresas del ramo gasolinero, Bracamonte ahora sí señaló que durante años se han documentado irregularidades en distintas áreas del gobierno estatal, incluyendo casos emblemáticos como los ocurridos en el área de salud, donde exsecretarios terminaron prófugos.

“Se trata de que los recursos se ejerzan de manera honesta y lleguen al pueblo”, expresó, subrayando que no puede hablarse del presente sin entender el daño heredado por anteriores administraciones.

El legislador hizo énfasis en instituciones golpeadas como el ISSET y universidades públicas como la UTTAB, donde se detectaron deudas millonarias por impuestos no pagados. “Eso es corrupción”, afirmó, al tiempo que advirtió que muchos de estos actos no tienen consecuencias inmediatas, pero terminan por estallar y afectar directamente a los ciudadanos.

En este contexto, propuso fortalecer los órganos internos de control, dar más seguimiento a los informes trimestrales y reforzar la vigilancia de instancias como el OSFE, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Buen Gobierno. También dijo que el fiscal debe mantener una supervisión estrecha sobre los entes públicos.

“El pueblo de Tabasco sabe muy bien lo que ha sucedido en el pasado. Hoy lo que se busca es poner fin a esas prácticas y castigar con mayor dureza a quienes abusen del servicio público”, concluyó Bracamonte.