La Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electa por voto popular, ha tomado la controversial decisión de permitir la reapertura de juicios que ya han concluido de manera definitiva, incluso cuando la ley no lo prevea de forma explícita. Esta medida se fundamenta en la posibilidad de que el proceso judicial original haya sido resultado de un "fraude", "contubernio" o "acciones ilícitas".

La decisión fue aprobada por un grupo de tres ministras y dos ministros: Lenia Batres, Hugo Aguilar, Loretta Ortiz, Sara Herrerías e Irving Espinosa, quienes autorizaron la figura de nulidad de juicio concluido en el ámbito mercantil, a pesar de la ausencia de su contemplación en el Código de Comercio. Este nuevo criterio revierte una jurisprudencia anterior, aprobada apenas en marzo pasado por el anterior cuerpo colegiado, que establecía que dicha nulidad no podía activarse si no estaba expresamente permitida por la ley que regula el proceso.

Una minoría de Ministros Yasmín Esquivel, María Estela Ríos, Arístides Guerrero y Giovanni Figueroa advirtió severamente sobre el impacto de esta determinación en los principios esenciales del sistema jurídico mexicano. Enfocaron sus argumentos en dos puntos principales: la afectación al Principio de Cosa Juzgada, considerado un pilar de la convivencia social que garantiza la certeza y el respeto a los fallos judiciales firmes; y la Invasión de Facultades del Legislador, criticando que la Corte se arrogue la potestad de "inventar instancias judiciales que ni siquiera el propio legislador consideró", asumiendo funciones que no le competen.

El Ministro Figueroa destacó que volver la acción de nulidad una generalidad, en lugar de una excepción, podría trastocar la estabilidad del sistema de justicia.

La decisión acarrea importantes riesgos para la estabilidad jurídica y el entorno de negocios en México.

En el ámbito jurídico, el riesgo más notable es la vulneración de la Cosa Juzgada y la Certeza Jurídica. Al permitir la revisión de sentencias firmes bajo el alegato de fraude, se erosiona un pilar fundamental para la estabilidad social y económica, introduciendo un factor de inseguridad donde ninguna resolución judicial puede considerarse definitiva.

Esto podría conducir a un aumento de la litigiosidad y una sobrecarga judicial, incentivando una oleada de demandas de nulidad por parte de justiciables inconformes que buscan prolongar los procesos, lo que saturaría los tribunales y ralentizaría la administración de justicia. Adicionalmente, persiste la incertidumbre sobre el alcance del criterio, ya que aún no se define si la nulidad se aplicará a materias distintas a la civil o mercantil, manteniendo en vilo a la comunidad jurídica.

Desde la perspectiva empresarial y económica, la falta de certeza sobre la firmeza de las resoluciones impacta directamente en los negocios. Genera inseguridad en contratos y transacciones, pues las empresas basan sus decisiones de inversión, préstamos y acuerdos comerciales en la estabilidad legal.

La percepción de un sistema donde los litigios pueden reabrirse de forma indefinida crea desconfianza y desincentiva la inversión nacional y extranjera que busca entornos con alta predictibilidad legal. Finalmente, la posibilidad de reabrir juicios concluidos puede utilizarse como una estrategia dilatoria, resultando en la prolongación de disputas empresariales y un incremento en los costos legales y operativos para las compañías.