La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha generado controversia con una propuesta que busca modificar la base para calcular las indemnizaciones a los trabajadores por fallecimiento. El punto central de la disputa es si la compensación económica debe basarse en el Salario Mínimo (actualmente en 278.80 pesos) o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), fijada en 113.14 pesos, siendo esta última la unidad impulsada por la ministra Batres Guadarrama.

La adopción de la UMA como base de cálculo reduciría significativamente el monto de la compensación por muerte. Por ejemplo, según el criterio propuesto por Batres, la indemnización ascendería a 566 mil 700 pesos (derivado de la UMA multiplicada por los 5 mil días que señala la Ley Federal del Trabajo), mientras que, al calcularse con el Salario Mínimo, la compensación sería de 1 millón 394 mil pesos.

Este planteamiento ha despertado preocupación en diversos sectores, argumentando que el uso de la UMA afectaría gravemente el monto final, perjudicando económicamente a los trabajadores y a sus herederos, y alejándose de la búsqueda de una reparación integral y justa para las víctimas.

La contradicción de criterios que se discutirá en el Pleno de la SCJN surgió de la disparidad entre los enfoques de las entonces Primera y Segunda Salas. La Primera Sala había establecido que la cuantificación debía basarse en el cuádruplo del salario mínimo, mientras que la Segunda Sala lo hacía en el cuádruplo de la UMA.

El proyecto de la ministra Batres, a discutirse el jueves 27 de noviembre, sostiene que el pago de la indemnización debe calcularse con base en la UMA, justificándolo en la desindexación del salario mínimo ordenada por la reforma constitucional de 2016, que prohíbe su uso como índice, unidad o referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral.

No obstante, los críticos señalan que la ministra ignora la finalidad de la indemnización civil, que es reparar el lucro cesante o la pérdida de la capacidad productiva, un concepto que la extinta Primera Sala vinculaba directamente al salario mínimo. Argumentan que la UMA, al no tener relación con la capacidad productiva, distorsionaría el objetivo reparador de la norma. El proyecto de Batres desvincula el daño patrimonial del salario mínimo y, según sus opositores, parece favorecer la "viabilidad económica" de los responsables, como aseguradoras y empresas de transporte, en detrimento de asegurar una compensación suficiente para las víctimas.