El Congreso de Campeche ha aprobado recientemente una reforma de ley que autoriza la expropiación de terrenos y predios a particulares, bajo el controvertido concepto de "utilidad pública". Esta medida, impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, ha desatado una ola de críticas y preocupación en diversos sectores, quienes advierten sobre los riesgos que representa para la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada en la entidad.

La reforma establece un plazo sumamente reducido de tan solo cinco días para que los afectados puedan defenderse ante la autoridad antes de perder sus propiedades. Este lapso, considerado por muchos como insuficiente e inequitativo, limita severamente la capacidad de los particulares para ejercer su derecho a la defensa y buscar recursos legales adecuados.

La polémica se intensifica ante la especulación de que esta ley podría tener una "dedicatoria" específica para el exgobernador y actual Senador, Alejandro Moreno Cárdenas, sugiriendo que varias de sus propiedades en la localidad podrían ser objetivo de expropiación. De confirmarse esta teoría, la reforma no solo sentaría un precedente preocupante en cuanto a la protección de la propiedad privada, sino que también abriría la puerta a posibles interpretaciones políticas o de revancha en la aplicación de la ley.

La ambigüedad del concepto de "utilidad pública" en el marco de esta nueva legislación es otro punto de fuerte crítica. Sin una definición clara y restrictiva, existe el riesgo de que este concepto sea utilizado de manera discrecional y arbitraria por las autoridades, abriendo la puerta a expropiaciones injustificadas o con fines distintos al beneficio colectivo.

La aprobación de esta ley en Campeche representa un serio llamado de atención sobre la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales y la certeza jurídica en el país. La rapidez y las condiciones en que se ha aprobado esta reforma, junto con la potencial vulneración al derecho a la propiedad privada y a un debido proceso, hacen de este un tema de urgente análisis y seguimiento por parte de la sociedad civil y las instancias legales pertinentes.