Desalojo en La Choca: Sí hubo pagos oficiales

Villahermosa, Tabasco. – Lo que el Gobierno del Estado presenta como una jornada de recuperación de espacios públicos en el antiguo Gimnasio del Parque La Choca, para Diana Rovirosa, propietaria de Jochos Jarochos, tiene una lectura distinta: la imposición de una narrativa oficial que ignora una década de pagos y trámites administrativos.

El conflicto, que ha escalado hasta las conferencias matutinas del Ejecutivo estatal, no es solo un desalojo, sino un choque frontal entre la política de "cero negocios privados en bienes públicos" y la realidad burocrática de quienes, durante años, operaron bajo la venia —y el cobro— de instituciones gubernamentales.

Durante años, cumplió con una cuota mensual de 2,500 pesos en las oficinas de la coordinación de instalaciones deportivas. Al principio, el flujo de dinero estaba respaldado por recibos oficiales. Sin embargo, con el paso de los años y el cambio de administraciones, la transparencia se difuminó: los recibos dejaron de entregarse, pero el pago se mantuvo.

Más aún, el pago en efectivo se transformó, en “el papel”, en "donaciones en especie": supuestos balones, conos y material deportivo que entregaban a cambio de seguir operando. Rovirosa conserva documentos sellados de recibido, dirigidos incluso a la ex titular del Injudet, Sheila Cadena Nieto, hoy funcionaria de primer nivel como secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Social, que dan cuenta de una relación comercial que hoy el Estado niega reconocer.

La tensión alcanzó su punto máximo este lunes. Mientras el gobernador May Rodríguez calificaba la situación como un uso "comercial indebido" —y aprovechaba para lanzar una dura sentencia contra sus críticos, calificando los tiempos actuales como los de "zopilotes y carroñeros" que buscan rédito político—, del otro lado de la banqueta, los locatarios desmontaban a contrarreloj sus instalaciones, cumpliendo un plazo fatal impuesto por la Secretaría de Finanzas.

"Algunos hablan de que alguna dependencia del gobierno del estado cobraba el usar ese espacio para el tema igual comercial. Ahí es donde tendríamos que entrar", señaló Cabrera Sandoval, quien adelantó que la bancada del Sol Azteca brindará apoyo a los comerciantes que consideren vulnerados sus derechos.

El caso ha dejado una lección clara: en el centro de la disputa pública no solo están los metros cuadrados de terreno, sino la legitimidad de un sistema de cobros que durante años funcionó en la sombra y que hoy, ante la luz del desalojo, nadie parece querer reconocer.