La libertad de prensa en Campeche se encuentra bajo asedio. La gobernadora Layda Sansores San Román ha convertido el hostigamiento judicial y la intimidación a los medios de comunicación en un preocupante sello de su administración. El caso más reciente, que involucra a la televisora y portal de noticias Producciones Telemar, es un claro ejemplo de un patrón de censura que busca silenciar las voces críticas.

La Fiscalía de Campeche (FGECAM), a petición de la gobernadora, ha solicitado a Telemar los nombres del personal que redacta, edita y autoriza notas críticas. Este requerimiento, bajo amenaza de sanciones económicas y procesos legales por "calumnia y lo que resulte", no es más que un intento descarado de intimidación. La solicitud, que incluye 59 titulares considerados "ofensivos", revela una intolerancia a la crítica y un uso faccioso de las instituciones de justicia para amedrentar a la prensa.

Telemar ha respondido categóricamente que se trata de un intento de censura, y la evidencia histórica de la administración Sansores les da la razón. Este nuevo embate se suma a las medidas judiciales previas en contra del medio Tribuna de Campeche y del veterano periodista Jorge González Valdés. En un acto sin precedentes, González y su diario digital han sido obligados a someter sus notas a una revisión judicial previa —hasta 30 minutos antes de su publicación— cada vez que mencionan a la gobernadora, garantizando así la autocensura.

El patrón es innegable: cualquier información que no favorezca a la mandataria es etiquetada de "calumnia" o, incluso, de "violencia política en razón de género", obligando a periodistas a ofrecer disculpas públicas. Este ambiente de persecución judicial promueve el miedo y la autocensura, socavando el pilar democrático de la libertad de expresión.

Las acciones de la gobernadora Layda Sansores contravienen directamente los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana que protege la libertad de expresión. A pesar de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado las acciones que se asemejen a la censura, la persecución en Campeche continúa. La comunidad periodística y la sociedad en general deben hacer un llamado urgente para detener este acoso sistemático. La vitalidad de la democracia en Campeche depende de una prensa libre que pueda ejercer su labor informativa sin presiones ni amenazas.