QUINTANA ROO. La industria de cruceros mantiene su oposición al cobro de 42 dólares por pasajero que arribe a puertos mexicanos, argumentando que la medida es desproporcionada y podría desincentivar la llegada de visitantes.

Aunque el gobierno federal otorgó una prórroga de seis meses para ajustar el proceso, las empresas navieras siguen sin aceptar la tarifa, lo que ha llevado al Senado a plantear su reducción antes de que entre en vigor en julio.

A pesar de las reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la tarifa aprobada en el paquete fiscal 2025 equipara el pago de los cruceristas con el de los turistas que llegan al país por vía aérea, quienes suelen permanecer varios días en México.

Sin embargo, los pasajeros de cruceros pasan apenas unas horas en los destinos, lo que las navieras consideran un argumento sólido para reducir el monto.

El senador Eugenio Segura Vázquez, presidente de la Comisión de Turismo, reconoció que la medida podría afectar la competitividad de puertos como Cozumel y Majahual, dos de los más importantes del país y de América Latina.

“No podemos cobrarles lo mismo que a un turista que se queda varios días en el país. Hay que hacer ajustes antes de que esto perjudique la llegada de cruceros”.

Además del monto, otro punto en discusión es la forma en que se cobrará el impuesto. Las navieras han advertido que, si el pago se realiza directamente en los puertos, podría generar largas filas y afectar la experiencia de los visitantes.

Por ello, han propuesto que el cobro se haga de manera anticipada, a través de las propias líneas de cruceros, al igual que ocurre con las aerolíneas.

Cada año, más de cinco millones de turistas llegan a Quintana Roo a bordo de cruceros, dejando una derrama económica significativa en comercios y prestadores de servicios. Implementar una tarifa elevada sin considerar su impacto podría reducir el número de visitantes y afectar a cientos de negocios que dependen de esta actividad.

Por ahora, las negociaciones continúan y el gobierno federal deberá definir si mantiene la tarifa original o accede a una reducción para evitar un posible golpe al turismo en Quintana Roo.