Ciudad de México.-La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 con reasignaciones que suman 17 mil 788 millones de pesos (mdp), un movimiento que ha generado controversia por su impacto en la distribución de recursos y, notablemente, por el mantenimiento del aumento salarial de los propios legisladores.
Las modificaciones, impulsadas por Morena y sus aliados (PT y PVEM), se lograron a costa de drásticos recortes a órganos autónomos y al Poder Judicial, desviando estos fondos hacia rubros como Educación, Ciencia, Cultura, Medio Ambiente y Agricultura.
El Poder Judicial de la Federación fue el más afectado, sufriendo un recorte total de 15,805 millones de pesos. Esto incluye:
- Órgano de Administración Judicial: -14,056 millones
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): -661 millones
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): -260 millones
Otras instituciones clave también vieron mermados sus recursos:
- Instituto Nacional Electoral (INE): -1,000 millones
- Fiscalía General de la República (FGR): -933 millones
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): -50 millones
Los recursos recortados fueron reasignados para:
- Educación Pública: +10,842 millones
- Ciencia y Tecnología: +2,500 millones
- Cultura: +1,985 millones
- Medio Ambiente: +1,500 millones
- Agricultura: +641 millones
- Trabajo y Previsión Social: +319 millones
Cabe destacar que áreas críticas como Seguridad y el estado de Michoacán recibieron cero pesos extra en estas reasignaciones.
La decisión más criticada es que, mientras se argumentó la necesidad de reorientar recursos quitándolos a instituciones que garantizan el equilibrio de poderes y los derechos electorales, los diputados federales mantuvieron y aseguraron su propio aumento salarial para 2026.
Los legisladores verán un incremento de 113 mil pesos anuales, pasando de un ingreso anual de 1 millón 193 mil pesos en 2025 a 1 millón 307 mil pesos en 2026. Esta medida, blindada durante la discusión del presupuesto, contrasta fuertemente con la política de austeridad y el sacrificio presupuestal exigido a otras instancias del Estado.
Expertos y la oposición han señalado la falta de ética y la incongruencia de incrementar las percepciones de los diputados justo cuando se recortan recursos esenciales para la operación del sistema de justicia y los contrapesos democráticos, intensificando el debate sobre la prioridad del gasto público en el país.
