CAMPECHE. La jueza Guadalupe Martínez Taboada determinó vincular a proceso al ex director del periódico Tribuna, tras 9 horas de audiencia. La defensa de Jorge González Valdez, expuso en reiteradas ocasiones que el acusado ya se había jubilado y no había nexo con las publicaciones del periódico, además el representante de la Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes, también fue vinculado por el presunto delito de incitación al odio.

Esto en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, debido al considerado ataque sistemático y asedio, en contra de la mandataria.

La jueza consideró que tanto el periodista, así como el medio de comunicación que hasta hace un año y meses era uno de los medios tradicionales más conocidos en la entidad, cayeron en un asedio y ataques a la mandataria, no por su trabajo, sino por su físico y acciones personales, lo que se configura como delito de Incitación al Odio.

La jueza vinculó a proceso, y emitió como medidas cautelares a la persona física, Jorge González, y a la moral, Tribuna, suspender todo ejercicio periodístico por dos años.

Se ordenó el cierre definitivo del portal digital del Tribuna, – Jorge Luis no podrá ejercer el periodismo, – También fue vinculado Isidro Yerbes, representante legal del medio, – Se impuso el pago de 2 millones de pesos por “daño moral” al director de Comunicación del gobierno estatal, Walther Patrón Bacab

Estas medidas se vienen en el marco de la Ley Mordaza que Alejandro Armenta Mier, gobernador del Estado de Puebla, propusiera al Poder Legislativo de dicha entidad, y estos a su vez aprobaron que, a quien insulte y caiga en asedio, violencia y delito de odio a través de medios de comunicación digitales y/o electrónicos, se le imputarán hasta tres años de cárcel y una multa económica.

Como antecedente, durante el mandato como gobernador de Alejandro Moreno Cárdenas, del 2015 al 2019, el columnista Miguel Villarino Arnábar, fue encarcelado por un año mediante una trama legal orquestada por su ex esposa. A él se le acusó de sustracción de menor, el delito no se pudo comprobar; posteriormente lo acusaron de deudor alimentario, delito que tampoco se pudo comprobar.

En medio del proceso, abogados y periodistas coincidieron que se trataba de una molestia del ex gobernador de Campeche y hoy presidente nacional del PRI, contra uno de sus mayores críticos, y contra la libertad de expresión.

Fue en este gobierno, donde el ex fiscal Renato Sales, la jefa del mando policial, Marcela Muñoz, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Leticia Lizama Centurión, se disculparon pública e históricamente con el periodista por dichos actos que atentaron contra la libertad de expresión.