Aunque la reciente reforma impulsada por Morena buscaba brindarle “legitimidad ciudadana” al Poder Judicial electo por el pueblo, esta postura podría controvertirse derivada de la escasa participación en la jornada del pasado domingo.

El constituyente original previó en la Carta Magna en 1938 lo siguiente:

Artículo 49

El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

¿Tendrán poderes iguales Ejecutivo, Legislativo y Judicial a partir de la votación obtenida? 

En 2024, Claudia Sheinbaum Pardo actual Presidenta de México obtuvo 35 millones 924,519 votos y en el Poder Legislativo, Morena que ganó la mayoría de los distritos en alianza con el PT y el Verde consiguió 46 millones 18 mil 54 votos entre las Cámaras de Senadores y Diputados que lo integran, ahora Hugo Aguilar Ortiz, quien se convertirá en Presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación solo consiguió 6 millones 195 mil votos que además le permitirán la titularidad de ese poder por únicamente dos años.

De acuerdo al artículo 94 de la Constitución reformado por la mayoría morenista y sus aliados, los ministros durarán en su encargo doce años por lo que solo los primeros seis ministros más votados de mayor a menor, lograrán presidir la Corte a partir de este año hasta el 2037 en que finalizarán sus encargos.  

Poder independiente, pero acotado

El nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia ya no tendrá los poderes y atribuciones de quienes, durante décadas, lo precedieron en el cargo.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal de 2025 a 2027, se encontrará con un cargo que ya no tiene control administrativo ni intervención en el resto de los órganos del Poder Judicial Federal (PJF).

Desde 1995, los presidentes de la Corte manejaban la administración y nombramientos de mandos del tribunal, y además presidían el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y de vigilancia de los más de 900 juzgados y tribunales federales, donde también asignaban decenas de puestos de alto nivel y votaban en todas las decisiones.

Todo eso se acaba a partir de septiembre. Aguilar Ortiz, y las cuatro ministras electas que presidirían la Corte los siguientes ochos años, no tendrán un lugar en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) o el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que reemplazarán al CJF.

La facultad del presidente de "nombrar a los servidores públicos de la Corte" ya no aparece en la nueva Ley Orgánica del PJF, pues sólo conserva la de proponer al pleno los nombramientos de secretario y subsecretario general de Acuerdos.

Más aún, la reforma de Morena creó la Unidad de Administración de la Suprema Corte, que será designada por el OAJ y responderá a éste, no a la presidencia del tribunal.

Esa Unidad es la que tendrá las facultades en materia de compras, recursos humanos y relaciones laborales, inmuebles, obras públicas, tecnologías de la información, y todos los relacionados, ya sea por sí misma, o haciendo propuestas para aprobación del OAJ.

La Corte ya ni siquiera podrá pasar su propio presupuesto, sino que la Unidad de Administración le hará una propuesta, que de ser aprobada, será enviada al OAJ para la decisión final.

La Corte ya tampoco tendrá atribución para aplicar sanciones administrativas a sus funcionarios, que en casos no graves, eran impuestas por la presidencia, pues ahora todo lo harán el OAJ y el TDJ.

El mayor poder real del presidente será el control de los asuntos que se listan para sesión del pleno.