CAMPECHE. La zona arqueológica de Dzehkabtún, que constitucionalmente debe ser propiedad de la nación, fue incluida en una superficie de más de 63 mil hectáreas que la Sociedad Mercantil Inmobiliaria “Costa Verde” S. A. de C.V. vendió al empresario español Carlos Diez, denunciaron ejidatarios del núcleo agrario Moch Cohuó (Santa Rita).

Según declaró Avelino Miss Pedraza, representante ejidal, esta operación resultó alarmante, ya que implicó la presunta venta de un bien federal a manos privadas.

Además, aseguró que la transacción se formalizó ante la Notaría Pública número 7, a cargo del notario Jorge Luis Ortega González, en Campeche capital, el 30 de noviembre de 2021.

El conflicto escaló debido a que Miss Pedraza y otros ex comisarios ejidales fueron denunciados penalmente por el propio empresario español, bajo acusaciones de despojo, invasión de tierras y pandillerismo.

Según el denunciante, estos terrenos le pertenecen de manera legal, tras haber realizado la compra hace más de tres años.

Sin embargo, los ejidatarios aseguraron que las tierras han sido trabajadas por más de cuatro décadas, y de ellas depende el sustento de más de 120 familias.

La zona en disputa también incluyó la ex hacienda de Holcatzín, y colinda con los ejidos Xcupil, Ich-Ek y Crucero San Luis, donde se operan apiarios, potreros, unidades ganaderas y parcelas agrícolas.

Miguel Hernández, otro comunero afectado, señaló que desde 1989 el ejido había solicitado una tercera ampliación, la cual aún se encontraba en trámite, con estudios topográficos avalados por instancias oficiales.

Ante el riesgo de despojo, los campesinos pidieron a sus compañeros no abandonar las tierras y continuar sembrando, ya que representan la base de su economía familiar. A su vez, denunciaron que una jueza, Jacqueline Cervera Sánchez, otorgó una medida de protección judicial a favor del empresario, con la que pretendía asegurar temporalmente el terreno por 30 días.

Avelino Miss afirmó que ya contaban con el respaldo de la gobernadora Layda Sansores Sanromán y recibían asesoría del subsecretario Carlos Baqueiro Cáceres, con el objetivo de interponer recursos legales contra dicha medida.

Una audiencia clave fue programada para el jueves 26 de junio, donde los cuatro ex comisarios denunciados esperaban presentar pruebas y apoyo jurídico del Gobierno del Estado para defender la propiedad ejidal y evitar su despojo.