Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha generado controversia al suspender el pago de más de 63.9 millones de pesos que la Federación debía a la familia Ayala de Torreón, Coahuila, por la expropiación de 423 hectáreas de sus tierras. La decisión, que anula multas por incumplimiento y devuelve el caso a primera instancia, ha sido interpretada como un claro beneficio para el gobierno federal y un revés para los afectados.

A pesar de que el adeudo estaba judicialmente reconocido y acumulaba multas por el retraso, el proyecto impulsado por Batres Guadarrama, conocida como la "ministra del pueblo", dejó sin efecto dichas sanciones. La resolución ordena que el asunto regrese a un juez de distrito para un nuevo análisis, lo que prolonga el proceso y suspende de manera indefinida el pago inmediato a la familia.

La familia Ayala había logrado resoluciones favorables en diversas instancias judiciales a lo largo de años de litigio para ser compensados por sus tierras. Sin embargo, la ministra Batres concluyó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) había realizado "actos tendentes al cumplimiento" y que no existía desacato. Con esta premisa, se propuso devolver el expediente al juez de distrito para reevaluar la vigencia del avalúo y se anularon las multas impuestas a los funcionarios responsables.

Esta medida ha desatado críticas entre juristas y observadores, quienes advierten un retroceso en la garantía de los derechos ciudadanos frente al poder público. Argumentan que al suspender el pago y devolver el expediente, la ministra somete a la familia a una mayor incertidumbre, obligándola a reiniciar parte del proceso y a soportar nuevamente los costos legales. Para los afectados, la decisión es una forma de evasión institucional que retrasa la justicia y agudiza la desigualdad entre ciudadanos y el Estado.

El caso ha abierto un debate sobre si escenarios similares podrían presentarse en otras entidades, como Campeche, en el contexto de las recientes reformas a la Ley de Expropiaciones. Existe la preocupación de que los ciudadanos afectados por medidas de autoridad puedan enfrentar obstáculos parecidos para recibir indemnizaciones justas y oportunas.