Ciudad de México. Una investigación federal en México y Estados Unidos ha puesto al descubierto una vasta red de empresas y personas vinculadas a familiares del tabasqueño Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esta red es investigada por su posible relación con el robo de combustibles (huachicol) y la obtención de contratos gubernamentales millonarios, según reveló la periodista Peniley Ramírez.

La periodista detalló en entrevista con Carmen Aristegui que la investigación, que involucra a más de 500 empresas y personas físicas, se centra en "shell companies" o "short companies" creadas, en su mayoría, después de 2018. Estas empresas, algunas dedicadas a la seguridad y otras a la comercialización de combustibles, habrían obtenido contratos multimillonarios con el gobierno federal. Entre los socios señalados se encuentran el hijo y la esposa de Audomaro Martínez.

Ramírez citó el caso de Elisa Aguilar, socia de una de estas empresas y con vínculos con las Fuerzas Armadas, quien vendió un departamento al exsecretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Adicionalmente, un asociado de Aguilar obtuvo más de 229 millones de pesos en contratos con el gobierno. También se mencionó un contrato para suministrar combustible a las Islas Marías, obtenido por la familia Martínez.

La operación de huachicol descrita por la periodista abarca desde el robo de crudo en ductos de Pemex, su traslado a la frontera con Estados Unidos, refinación en Texas y posterior reingreso a México.

La investigación también se ha extendido a la red de huachicol fiscal, presuntamente involucrando a marinos, funcionarios de aduanas y empresarios. En este contexto, se ha señalado el presunto involucramiento del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Peniley Ramírez destacó la correlación entre las acciones judiciales y los movimientos del sistema financiero, con alertas bancarias emitidas días después de las detenciones.

Un aspecto alarmante de la investigación son las muertes en circunstancias "muy extrañas" de personas clave relacionadas con el caso, algunas de las cuales habrían sido "cazadas" por funcionarios del propio gobierno.

La periodista subrayó la magnitud de la operación criminal, cuestionando la posible participación o negligencia de las autoridades, especialmente de la Marina, institución que asumió el control de las aduanas bajo el argumento de ser menos propensa a la corrupción.

Este caso -abundó- representa un dilema para el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que involucra a figuras prominentes del partido en el poder. A pesar de ello, se ha notado un impulso en la investigación, en parte debido a la presión ejercida por Estados Unidos. La meta es rastrear el dinero, identificar a los beneficiarios y determinar responsabilidades en la seguridad de instalaciones estratégicas y el traslado de combustible robado. La gran interrogante es si las autoridades mexicanas tendrán la capacidad y la voluntad política para llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias, dada la relevancia de los implicados.