CHIAPAS. Con pancartas, playeras blancas, más de cuatro mil habitantes de las 111 comunidades y 11 barrios de la cabecera municipal, salieron a las calles, en una marcha pacífica, para exigir justicia por la muerte de las 6 personas que fueron asesinadas durante el periodo de lucha.

Entre los muertos de encuentra el Profe. Enrique Hernández Gómez, Oscar Hernández, Carmelo Vázquez López, Jorge Luis Jiménez Torres, Fernando López Espinoza y Simeón Sánchez Díaz. Quienes fueron asesinados en manos del grupo criminal 14 de agosto, que liderea Gabriel Montoya Oseguera.

La lucha inicio desde el mes de agosto del 2023 ante la represión social que mujeres y hombres de etnia Tojolabal y Tzeltal vivían a manos del ex Síndico Gabriel Montoya Oseguera en conjunto con el grupo paramilitar. Con pancartas "Respeto al Pueblo de Altamirano", "Justicia para nuestros Compañeros Caídos", "Justicia y Dignidad para Altamirano" fueron algunas frases que dejó ver qué Altamirano necesita justicia.

El conflicto entre ejidatarios y autoridades del Consejo Municipal, donde se reportaron asesinatos, retenciones, quema de viviendas y vehículos, este lunes exigieron justicia y el castigo a los responsables que desestabilizaron el orden en la cabecera municipal.

De acuerdo a los familiares de los fallecidos mencionaron que desde el pasado mes de Septiembre del 2024 y hasta la fecha no han recibido noticia alguna por la investigación de los asesinatos, aun cuando se presentaron pruebas de que el grupo 14 de agosto causo tal caos, la Fiscalía de la Zona Indígena ha hecho caso omiso a las denuncias de la población.

Sin embargo, se sabe de muy buena fuente que el grupo 14 de agosto ha pagado para que se haga factibles demandas en contra de la población Altamiranense. Dejando ver la Impunidad que existe en la Fiscalía Indígena en San Cristóbal de las Casas.

La movilización partió desde la glorieta ubicada sobre el tramo carretero que comunica Altamirano con Comitán de Domínguez, hasta llegar al parque central, donde concluyó con un mitin pacífico. Los manifestantes señalaron que el gobierno del sexenio anterior jamás investigó a fondo los hechos violentos ocurridos en 2023 y 2024, por lo que exigen una revisión urgente del caso.

Familiares de las víctimas entregaron un documento al presidente municipal, solicitando que funja como portavoz ante el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, con el fin de que se logre esclarecer los crímenes. Señalaron que tienen confianza en el actual gobierno de Chiapas, por lo que pidieron su intervención directa.