En 2018, Pemex Exploración y Producción (PEP) desvió 70.2 millones de pesos con la colaboración de dos universidades tabasqueñas: la Tecnológica de Tabasco (Uttab) y la Tecnológica del Usumacinta (UTU), durante la gestión de Maricarmen Bravo Guzmán como rectora.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinó los pagos por servicios contratados con instituciones educativas y determinó un presunto perjuicio a la Hacienda Pública Federal de 70 millones 345 mil 555.58 pesos. Durante la revisión, se recuperaron 111 mil 374.56 pesos gracias a la intervención de la ASF, quedando un saldo pendiente de aclarar de 70 millones 234 mil 181.02 pesos.

La auditoría de cumplimiento generó 15 observaciones. Cuatro no presentaron irregularidades y una fue subsanada antes del informe. Las 10 restantes derivaron en 12 recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y siete pliegos de observaciones.

Adicionalmente, durante la auditoría se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias por cinco irregularidades detectadas.

El dictamen de la ASF, emitido el 27 de enero de 2020, tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera de adquisiciones y servicios contratados con instituciones educativas. Se buscó verificar la legalidad del proceso de adjudicación, la capacidad técnica, material y humana de las instituciones para realizar los trabajos, la correcta entrega de bienes y servicios, la justificación y comprobación de los pagos, y el cumplimiento normativo del registro contable y presupuestal en la muestra revisada.

La ASF concluyó que, en general, Pemex Exploración y Producción, la Universidad Tecnológica del Usumacinta y la Universidad Tecnológica de Tabasco incumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables.

Entre las anomalías detectadas se encuentran: la adjudicación directa de 17 convenios específicos por parte de PEP, limitando la participación de otras universidades sin justificación; la falta de estudios de mercado y de acreditación de la capacidad técnica, material, humana e infraestructura en seis convenios.

La UTU y la Uttab subcontrataron servicios por 60 millones 634.8 mil pesos mediante adjudicación directa o invitación restringida, sin documentación que justificara la selección de los contratistas bajo las mejores condiciones para las universidades.

En seis convenios entre PEP, el Instituto Tecnológico Superior de Centla (Itsce), la UTU y la Uttab, se observó que el porcentaje máximo de subcontratación se excedió en cuatro de ellos (entre 0.1 y 63.5 por ciento). Además, en cinco convenios, la UTU y la Uttab no solicitaron autorización a PEP para subcontratar, aunque la subcontratación del Itsce sí fue autorizada, pero los trabajos realizados superaron el límite permitido.

Las instituciones educativas contrataron personal eventual por no contar con la capacidad técnica y humana requerida. En las nóminas de la UTU, no se identificaron 56 especialistas que realizaron entregables por 2 millones 731.5 mil pesos. En dos convenios de la Uttab, no se localizaron en las nóminas uno y tres especialistas que realizaron entregables por 52.6 mil y 619.4 mil pesos, respectivamente.

La UTU y la Uttab celebraron contratos de prestación de servicios con nueve subcontratistas para cumplir con los convenios específicos con PEP, pagando en 2018 un total de 66 millones 538.6 mil pesos sin que las subcontratistas acreditaran la realización de los servicios.

Entre los subcontratistas se identificaron Comunicación Estratégica SAMAR, S.A. de C.V., OIL Comunication Company, S.C., Grupo VAPE 360, S.A. de C.V., Petroservicios del Sur S.A. de C.V., Suministro y Servicios de Especialidades Petroleras, S.A. de C.V., Consorcio Zeigte, S.A. de C.V., Emabus Operación y Logística, S.A. de C.V., y PSL Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V., además de dos personas físicas vinculadas a la Uttab.

Se registraron presupuestalmente 149 millones 242.5 mil pesos en conceptos de investigaciones, honorarios, reparaciones, mantenimientos y capacitación, sin que la naturaleza de los servicios proporcionados por las instituciones educativas correspondiera con dichas categorías.

Adicionalmente, la UTU y nueve contribuyentes presentaron omisiones o inconsistencias en sus obligaciones fiscales.

Recuento de observaciones:

Se identificaron siete posibles daños patrimoniales. El primero, por 292 mil pesos por la UTU al no aplicar penalizaciones por servicios no realizados del Contrato 648815815. El segundo, por 9.6 millones por la Uttab al subcontratar servicios del Convenio 420404811 sin acreditar su realización. El tercero, por 5.2 millones por la Uttab por subcontratación no acreditada del Convenio 420843824. El cuarto, por 650 mil por la Uttab por servicios no realizados del Convenio 420404810. El quinto, por 50.9 millones por la UTU por subcontratación no realizada del contrato 648815815. El sexto, por 2.7 millones por la UTU al no acreditar servicios del Contrato 648815815 por especialistas no localizados. El séptimo, por 672 mil por la Uttab al no acreditar servicios de los Convenios 420404810 y 420404811 por especialistas no localizados.