La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, solicitó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, separarse temporalmente de su cargo. La petición surge tras la confirmación de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exesposo de la mandataria, Carlos Torres Torres, por su presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

A través de redes sociales, Pérez Morales argumentó que la licencia era necesaria por razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, buscando garantizar "máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana". Este llamado fue secundado por integrantes de Comités de Participación Ciudadana estatales y diversas organizaciones civiles.

No obstante, el Comité de Participación Ciudadana del SNA (CPC SNA) y su homólogo en Baja California (CPC SEA-BC) se deslindaron categóricamente del exhorto de su presidenta. Ambos Comités aclararon, mediante comunicados, que la solicitud de Pérez Morales fue una "expresión a título personal" y no representa una postura institucional.

Los Comités enfatizaron que, como órganos colegiados, carecen de las facultades legales para exigir la separación del cargo de un titular del Poder Ejecutivo estatal, señalando que tal acción excedería sus atribuciones legales y constituiría un acto ultra vires (fuera de la ley). Recordaron que los procedimientos para la separación de servidores públicos están establecidos en la Constitución local y leyes secundarias, y su función institucional se limita a promover la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de mecanismos anticorrupción.