El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta de designar directamente a Nallely Vianey Paredes Suárez como jueza, sin una sentencia previa del Tribunal Electoral. Paredes Suárez es conocida por su cercanía con el gobierno federal, habiendo sido secretaria de la ministra Lenia Batres y ex abogada de las "mañaneras" del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión se tomó durante una sesión dominical del INE, en la que se acataban sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para entregar constancias de mayoría a juzgadores.

La propuesta, impulsada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, pretendía ocupar una vacante por inelegibilidad en el cargo de jueza de distrito en especialidad administrativa en el circuito judicial 1, distrito judicial 2 de la Ciudad de México. La persona que originalmente había ganado no cumplía con el promedio de 8 en licenciatura, lo que la inhabilitaba. Aunque en casos similares el Tribunal Electoral ha ordenado designar al segundo lugar, siempre ha mediado un juicio de impugnación. En este caso, no hubo ninguna impugnación, por lo que la vacante permaneció intacta.

El proyecto de designación directa a Paredes Suárez, quien ocupó el segundo lugar, se basó en precedentes de otros juicios, a pesar de la ausencia de impugnación. El currículum de Paredes Suárez, enviado al INE, destacaba su trayectoria en la defensa jurídica del Ejecutivo Federal y su trabajo actual con la ministra Batres. Específicamente, mencionó su labor en la defensa de las conferencias matutinas del presidente López Obrador y su posterior incorporación a Financiera para el Bienestar.

Las consejerías del INE rechazaron la propuesta de forma unánime, argumentando que partía de premisas falsas al no existir una sentencia de promedio y al exceder las facultades del Consejo, incurriendo en contradicciones con sus propios acuerdos. Carla Humphrey señaló que modificarían un acuerdo del Consejo General sin respaldo judicial y que ya había concluido la etapa para hacer dicha recomposición. Claudia Zavala recordó que el proceso electoral judicial ya fue declarado concluido por la Sala Superior el 28 de agosto, lo que impedía al INE asumir esa competencia.

Los consejeros enfatizaron que el acto de la declaratoria de validez ya era firme y que el INE no tenía la facultad para revocar sus propios actos sin una intervención del Tribunal Electoral. Arturo Castillo añadió que todas las resoluciones ya habían sido dictadas y que la propuesta de modificación era contraria a los efectos particulares de las sentencias. A pesar de que el orden del día establecía que la propuesta venía de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei se sumó a las consideraciones de las consejeras, aunque la consejera Rita Bell López, a quien hizo referencia, no presentó ninguna consideración propia.

Además de este rechazo, el INE olvidó retomar la renuncia de un magistrado electo. El 28 de agosto, el Consejo General tenía previsto aprobar la renuncia de Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz como magistrado penal electo y nombrar a María de los Ángeles Pérez Arana en su lugar. Sin embargo, la consejera presidenta Taddei solicitó retirar este punto del orden del día y no fue retomado en la sesión del domingo, a pesar de la solicitud de explicación de la consejera Claudia Zavala. Con estas dos determinaciones sin resolución, el Senado deberá decidir el 1 de septiembre si declara vacantes estos cargos, quién los asumirá o si solicita un pronunciamiento del Tribunal Electoral.