TABASCO. Los procedimientos de juicios orales que se aplican desde el 2008 en la entidad, necesitan de una reforma de ley, ya que está rezagado a las necesidades de la sociedad tabasqueña, esto es aprovechado por jueces y magistrados para la impartición de justicia, indicó Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab).

“Tenemos que partir de que estamos ante la presencia de procedimientos de juicios orales, esta reforma se dio en el 2008. En Tabasco, desde que se implementaron los juicios orales, no se ha realizado ninguna reforma a este sistema, mientras que, en otros estados como Chihuahua, ya el Congreso de ese estado ha hecho tres o cuatro reformas para irlo adecuando a las necesidades de la sociedad, porque de eso se trata”.

Externó que las necesidades actuales de la sociedad tabasqueña son muy distintas, por lo que se requiere de una reforma, “aquí en Tabasco, desde el 2008 que se implementó, no se ha hecho ninguna reforma de entrada”.

Comentó que el caso bien sonado de Lesly “N”, presunta homicida de un médico de Comalcalco a llevar su juicio en libertad, “es un derecho que ella tiene. De hecho, la libertad no se le concedió porque haya fallas en el procedimiento, sino porque así lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así se lo permite, poder llevar este juicio en libertad. Obviamente, la Fiscalía está ahorita en una etapa de investigación complementaria. La Fiscalía le debió dar un tiempo de dos o tres meses para aportar mayores pruebas”.

Manifestó que la defensa aportó pruebas de que su cliente no coincide con la persona que ingresó en el auto hotel y otra prueba es que la acusada estaba en otro lugar de la ciudad a la hora del homicidio.

Se espera abundó que “también el trabajo pericial que haya hecho la Fiscalía al interior de la habitación donde se cometió el crimen. Ahí debieron haberse levantado huellas dactilares. En fin, muchas pruebas que deben ser cotejadas con lo de la imputada, la presunta probable, y confirmar o descartar. Y luego hay otras pruebas como por ejemplo la sábana de llamadas, que es la geolocalización que la Fiscalía puede realizar de los teléfonos, donde se encontraba el teléfono de la víctima y donde se encontraba el teléfono de la acusada al momento en que se cometió el crimen. Si las coordenadas señalan que los dos teléfonos estaban en el mismo lugar, pues eso abonaría en contra de la acusada. Pero si esto arroja como resultado que los teléfonos estaban en lugares diferentes, abonaría a demostrar la inocencia de ella”.

Este caso que ha sido un escándalo a nivel estatal, dijo, dependerá de las investigaciones, “se va a ir demostrando durante el procedimiento. Al final el juez tendrá que recibir las pruebas tanto de la Fiscalía como de la Defensa y emitirá una sentencia. Pero lo que si te digo es que la prisión preventiva justificada quizás a criterio del juez no se dio en este caso y por eso decretó que ella pudiera llevar el proceso en libertad”.

“Pero eso no significa que se haya declarado que es inocente, sino que está sujeta a un procedimiento en donde al final, dependiendo de las pruebas que ambas partes ofrezcan, se determinará si es culpable o inocente”.

Rodríguez León enfatizó que urgen reformas para adecuar la ley al “Código Penal de Tabasco, al Sistema de Oralidad, hace falta una reforma porque, aunque se rigen por un Código Nacional de Procedimientos, se tiene que revisar el Código Penal de Tabasco, el procedimiento también para efectos de que se hagan las reformas necesarias”.

“Este sistema ya entró en vigencia desde el 2008, estamos en 2025, 17 años, ya no es de capacitación. Aquí ya es de cómo estén los mecanismos y de la voluntad de la persona. Lo positivo o negativo que haga un funcionario impartidor de justicia no es por desconocimiento de la ley, es por interés, no por desconocimiento. Ya 17 años, imagínate, haciendo 17 años lo mismo y que no tenga la experiencia, por más capacitación que dé, nunca la vas a obtener”, concluyó.