CHIAPAS. La investigadora Dulce María Reyes Ríos, del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (Cedes), documentó que desde 2018 se busca reformar el Artículo 39 de la Ley de Derechos del Estado para exentar pagos de revalidación de estudios a niños refugiados, iniciativa sistemáticamente rechazada por la Secretaría de Hacienda estatal.

Un análisis de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) expone graves omisiones en la política educativa para menores migrantes. El estudio, publicado en la Revista Iberoamericana de Investigación en Educación, revela que cobrar hasta mil 400 pesos por revalidar estudios (básico a superior) a esta población vulnera la Ley sobre Refugiados (Art. 44), que garantiza “las mayores facilidades educativas”.

La negativa fiscal, argumentada como “pérdida de ingresos”, contradice transitorios de la misma ley que establecen que no se requieren recursos adicionales para su cumplimiento.

Los datos son alarmantes, en 2018, 29 mil 600 personas solicitaron refugio en México (56 % en Tapachula), y el 47 % correspondió a grupos familiares con menores.

Pese a ello, el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 eliminó toda mención a educación migrante, abandonando políticas de sexenios anteriores como el Pronim (2008) o PRIE (2014).

El actual Programa de Educación Migrante (Pemch) resulta insuficiente, pues solo opera seis meses al año en fincas cafetaleras de Tapachula, ignorando al resto del estado.

“Es una política vacía, sin presupuesto ni visión para reducir la marginación”, sentencia Reyes Ríos. La falta de acceso escolar formal empuja a niños a trabajo informal, trata o delincuencia, agravado por el prejuicio de que “son mala influencia”.

La investigadora urge al Congreso local reformar la ley y articular acciones con Acnur, Unicef y RET International –ya presentes en Tapachula– para garantizar lo que la Constitución promete: educación igualitaria sin importar nacionalidad.