NUEVA YORK — Un exagente de alto nivel de la Administración de Control de Drogas (DEA) y un asociado han sido acusados de conspiración para lavar millones de dólares y obtener armamento de grado militar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles mexicanos más notorios.

Paul Campo, de 61 años, quien se retiró de la DEA en 2016 después de 25 años de servicio, y Robert Sensi, de 75 años, fueron arrestados en una operación encubierta, luego de tratar con una fuente confidencial que se hacía pasar por miembro del CJNG.

Según la acusación revelada el viernes en Nueva York, Campo y Sensi acordaron supuestamente lavar alrededor de 12 millones de dólares en ganancias de drogas para el cártel, llegando a convertir unos $750,000 en efectivo a criptomonedas. También se les acusa de haber investigado la adquisición de drones comerciales, rifles AR-15 y M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes para el grupo. El fiscal federal Jay Clayton afirmó que Campo traicionó su carrera en la DEA al asociarse para ayudar al CJNG.

Durante sus comparecencias en el tribunal federal de Manhattan, ambos se declararon no culpables y se ordenó su detención sin fianza, debido al riesgo de fuga que presentan, según el fiscal federal adjunto Varun Gumaste, quien señaló que la evidencia incluye horas de grabaciones de ambos hombres.

Implicaciones para la Reputación de la DEA

Este caso ha reavivado las preocupaciones sobre la conducta dentro de la agencia antidrogas. El administrador de la DEA, Terrance Cole, condenó la presunta actividad de Campo, señalando que "deshonra a los actuales agentes de la ley y socava la confianza pública en la policía".

La DEA ha enfrentado varios casos de mala conducta en la última década, con al menos 16 agentes acusados de cargos federales que van desde pornografía infantil y tráfico de drogas hasta venta de armas a asociados de cárteles. Estos incidentes han puesto de relieve "grandes huecos en la supervisión de la agencia", según informes de prensa. En 2021, la agencia implementó nuevos controles y advirtió que los agentes podrían ser despedidos por una primera ofensa grave de mala conducta, en un intento por restaurar la integridad institucional.