Villahermosa, Tabasco.- Este miércoles se celebró la audiencia pública sobre la Reforma Electoral, encabezada en Villahermosa por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que calificó el evento como una "simulación" y un intento de legitimar cambios preestablecidos.
El foro, parte de la agenda de la Comisión Presidencial y que contó con la participación de más de 17 ponentes entre ellos, Roberto Romero del Valle, representante electoral de Morena, y con 70 propuestas registradas, el evento fue presentado por la Consejería Jurídica como un espacio para recopilar insumos que garanticen "una verdadera democracia y sea de gran calado". Sin embargo, la naturaleza controlada del evento y la fuerte presencia de funcionarios afines a la administración federal y estatal generaron escepticismo sobre su verdadero impacto.
En un tono condescendiente, Godoy Ramos afirmó que presentar esta reforma, era una facultad de la Presidente Claudia Sheinbaum, "lo podría hacer, tiene la calidad moral, fuerza política para hacerlo, pero es nuestra vocación consultar, siempre oír, escuchar, que quiere el pueblo, nada más como de manera directa escuchar que quiere el pueblo en su sistema electoral, un paso más hacia una democracia, fuerte, sólida que es lo que nos merecemos el pueblo de México".
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue la más enérgica en su rechazo, calificando la consulta como "fraudulenta" y "falsa". A través de un comunicado, el líder perredista, Rafael Acosta León, criticó que el proceso busca "legitimar reformas a modo" que, a su juicio, "limitan la participación ciudadana y restringen la vida democrática del país y de los estados". Acosta León enfatizó que "los grandes cambios de este país se construyen de abajo hacia arriba y con la participación de todos, no mediante imposiciones disfrazadas de consultas". También señaló una contradicción aludiendo a que quienes "ayer eran opositores y criticaban los abusos del poder, hoy, desde el gobierno, retoman esas mismas prácticas".
Por su parte, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ratificó su decisión de no participar en la Audiencia Pública. Miguel Barrueta, líder del tricolor en la entidad, aseguró que el partido no se prestaría al intento de legitimar una reforma que, "desde su concepción, busca la destrucción de las instituciones electorales".
La crítica central de la oposición no se centra en la necesidad de una reforma electoral, sino en la metodología utilizada: la desconfianza radica en si estos foros regionales, dominados por figuras y funcionarios afines a la administración, son el vehículo idóneo para un debate plural y no meros anexos para justificar una reforma cuyas líneas esenciales, argumentan, ya están trazadas desde el centro político.
La Audiencia Pública de Villahermosa se suma a la gira de consultas, pero la oposición advierte que el proceso parece priorizar la velocidad de la aprobación (prevista para principios de 2026) sobre un consenso genuino y profundo.









