La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el mando del ministro Hugo Aguilar Ortiz, ha anunciado una "rectificación" en su plantilla laboral, que se traducirá en un recorte del 40% a partir del 1 de octubre de 2025. Sin embargo, un análisis más profundo de las cifras y los reportes periodísticos revela una inconsistencia flagrante entre lo que la SCJN comunica y la realidad de su estructura de personal.

Según el comunicado de la Corte, la ponencia de Aguilar Ortiz, que actualmente cuenta con 8 secretarios de estudio, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo, se reducirá a 7, 8 y 25 respectivamente. De manera similar, la Coordinación de Dictaminación, que revisa los proyectos de otros ministros, también presenta una plantilla considerable. Adicionalmente, se mencionan otras 10 personas para tareas de la Presidencia.

El "contraste" que la nueva Corte destaca es la reducción de personal de seguridad, el incremento de sesiones plenarias y la realización de las mismas en distintas regiones. Si bien estos puntos podrían ser interpretados como mejoras operativas, no abordan la contradicción central.

El medio digital Eme Equis ha destapado una realidad preocupante: la Presidencia de la Corte, liderada por Aguilar Ortiz, cuenta con 97 asesores que, en conjunto, representan un gasto mensual de 6 millones 58 mil pesos. Estos asesores se dividen en tres grupos: 60 en la ponencia del ministro presidente, 9 en la Oficina de la Presidencia y 28 en la Coordinación General de Asesores. Este dato contrasta fuertemente con la cifra de seis asesores que tenía la exministra presidenta Norma Piña.

La "rectificación" anunciada por la SCJN, si bien presenta una reducción en ciertas áreas de la ponencia del ministro presidente, omite mencionar la abultada cifra de asesores y el costo asociado. La narrativa de "transparencia" y "objetividad" que la Corte busca proyectar se ve seriamente comprometida cuando se cotejan sus comunicados con la información de investigaciones periodísticas. La reducción de un 40% en una sección de la plantilla se vuelve insignificante si al mismo tiempo se mantiene una estructura paralela de asesores que duplica y triplica la de administraciones anteriores, con un costo mensual millonario.

La ciudadanía demanda una transparencia real y una justificación clara de estas estructuras. La "rectificación" debería ser integral y abordar la totalidad del personal adscrito a la Presidencia, no solo una parte. De lo contrario, se percibe como un intento de maquillar una situación que, a todas luces, sugiere una duplicidad de funciones y un gasto excesivo en un contexto donde la austeridad y la eficiencia deberían ser los principios rectores.