TABASCO. La circulación descontrolada de motocarros o también llamados “pochimóviles” en las principales avenidas de Villahermosa, sigue siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades de Tabasco, en especial por la falta de una jurisdicción clara, lo que limita las acciones de regulación y ordenamiento.

Así lo reconoció el propio secretario de Movilidad, Rafael Elías Sánchez Cabrales, quien admitió que durante años, este sector ha operado sin reglas, con miles de unidades transitando libremente, incluso por zonas y arterias donde está prohibido por ley.

En colonias como El Recreo, Tierra Colorada y Asunción Castellanos, es común ver motocarros circulando por avenidas altamente transitadas, conectando directamente hacia Plaza Las Américas o Plaza Sendero, dos de los puntos comerciales más concurridos de Villahermosa.

Los conductores de estos vehículos aprovechan la falta de operativos efectivos y la ambigüedad en la definición de las rutas permitidas, para prestar servicio sin ser detenidos, lo que ha generado caos vial, riesgos para los usuarios y un evidente desorden en la movilidad urbana.

De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Movilidad, en Tabasco circulan actualmente entre seis mil y ocho mil motocarros, de los cuales más de cinco mil operan de manera irregular, sin contar con los permisos, seguros o cromática oficial. Tan solo en el municipio de Centro, se estima que al menos dos mil unidades se encuentran en esta condición de informalidad, circulando sin control en las calles, colonias y hasta en carreteras estatales y federales.

El funcionario estatal explicó que se lanzó una convocatoria aprobada por el gobernador Javier May Rodríguez para iniciar un proceso de regularización, enfocado exclusivamente en quienes ya prestan el servicio y no en nuevos compradores.

Sin embargo, la realidad es que a pesar de los esfuerzos iniciales, hasta la fecha apenas se han inscrito alrededor de dos mil motocarros, una cifra que representa una fracción mínima del total que opera en las calles del estado.

Sánchez Cabrales reconoció además que existe una problemática evidente en cuanto a la invasión de vías no permitidas, sobre todo en zonas como Ocuiltzapotlán, Macultepec y las inmediaciones de Villahermosa, donde los pochimóviles circulan incluso en carreteras federales, violando las normas de tránsito y poniendo en riesgo la seguridad vial.

En el caso de la colonia El Recreo, la falta de límites claros ha permitido que los motocarros lleguen hasta plazas comerciales y arterias de alta velocidad sin restricción alguna.

El caos generado por esta falta de jurisdicción se agrava con la informalidad y la resistencia de los propios conductores a regularizarse. Si bien se esperaba que entre ochocientos y mil motocarros mostraran interés en el proceso, hasta ahora se han recibido más de dos mil solicitudes, lo que demuestra que el problema es mucho mayor de lo previsto y que, en la práctica, la informalidad ha sobrepasado los controles institucionales.

Además, la falta de delimitación de zonas específicas donde puedan operar los motocarros ha dado pie a que estos vehículos se conviertan en una alternativa irregular de transporte, sin las garantías mínimas de seguridad para los usuarios.

Los pocos que han entrado al proceso de regularización cuentan con cromática oficial, seguro del viajero y los conductores han pasado por exámenes antidoping y cursos de capacitación, pero la gran mayoría sigue operando fuera del marco legal.

Los riesgos no son menores. En los últimos meses se han registrado accidentes graves e incluso decesos vinculados a pochimóviles circulando en zonas no permitidas.

La presencia de estas unidades en avenidas de alta velocidad, zonas escolares e incluso en carreteras federales, como ocurre en la Villahermosa-Cárdenas, representa una amenaza constante para peatones, automovilistas y para los propios pasajeros que utilizan este tipo de transporte sin conocer los riesgos que implica.

Mientras tanto, las autoridades insisten en que antes de que termine el año se concluirá el proceso de regularización, definiendo por fin las rutas y jurisdicciones permitidas, aunque la experiencia demuestra que el control efectivo sigue siendo un reto pendiente.

Sin operativos estrictos, sanciones ejemplares y un verdadero compromiso institucional, los pochimóviles seguirán transitando sin control por Villahermosa, convirtiendo las calles y carreteras del estado en un territorio sin ley para el transporte informal.

GENERADORES DE CAOS... Y DE DELITOS

La proliferación de este tipo de unidades en Tabasco no sólo representa un reto a la movilidad y la seguridad vial, sino que en varios casos se han vinculado con actividades delictivas y violencia estructural.

Uno de los episodios más trágicos ocurrió en agosto de 2018, en el municipio de Paraíso, cuando delincuentes atropellaron a una madre y su hijo de tres años mientras huían de un asalto. Circulaban en un vehículo robado, pero el impacto fatal fue contra un motocarro que transportaba a la familia. El menor perdió la vida en el lugar y la madre resultó gravemente herida.

En mayo de 2024, la Fiscalía General del Estado detuvo a un hombre en Macultepec acusado de cobrar "derecho de piso" a conductores de motocarros, exigiendo pagos periódicos a los operadores.

La Secretaría de Movilidad en Paraíso incluso presentó una denuncia penal contra motocarros por operar fuera de la ley, y su titular señaló que muchos pochimovilistas están vinculados a exfuncionarios, maestros y ex trabajadores petroleros, quienes aprovechan los vacíos legales para cometer abusos. Aunque se han aplicado medidas coercitivas, diversas organizaciones reportan resistencia al proceso.

La violencia también ha marcado las protestas de motocarros. En febrero de 2025, en Ocuiltzapotlán, dos líderes que promovían actos de violencia participaron en acciones contra la Guardia Nacional y fueron encontrados decapitados, con mensajes vinculándolos a la extorsión, ya que cobraban cuotas semanales a cientos de operadores.

A esto se sumó una ejecución ese mismo mes: un conductor de moto-transporte fue asesinado en Pomoca, Nacajuca, dentro de una jornada violenta que dejó 10 fallecimientos, según los registros de la FGE.

Además, se han reportado numerosos accidentes graves por el uso irregular de estas unidades. En mayo de 2024, al menos 28 pochimóviles protagonizaron choques y volcaduras en avenidas y tramos federales, circulando en doble sentido, sin seguros y sin medidas de seguridad.

Estos incidentes confirman que los motocarros han pasado de ser una solución informal de transporte a representar un riesgo tangible: extorsión, violencia y muerte, forman parte del saldo de años de desregulación. La denuncia penal, los operativos y la cromática no han sido suficientes para frenar estos patrones, y en muchos casos, la ausencia de una jurisdicción clara ha permitido que operen sin freno.

La evidencia recabada demuestra que el problema de este tipo de transporte no es sólo una cuestión de movilidad o informalidad: es un desafío urgente en materia de seguridad pública.